Apuntes sobre la Alumbrera y Agua Rica

En defensa de los derechos de la UNT en el YMAD. Por la recuperación de la soberanía nacional sobre los yacimientos mineros. Consideramos que los derechos de propiedad minera adquiridos por la UNT en virtud de la Ley 14771 de creación del YMAD son legítimos y forman parte del legado de Abel Peirano, quien después de prospectar la zona decidió donar los yacimientos en propiedad compartida a la UNT y demás universidades nacionales, para que con las utilidades producidas por las futuras explotaciones se desarrolle la estructura edilicia de las universidades públicas, en base a una visión progresista y nacional para la Educación y la Minería. Pero visto que la UTE YMAD-Alumbrera opera el yacimiento de BAJO LA ALUMBRERA desde 1994, en el marco de la política de entrega de los recursos naturales de Carlos Menem y bajo las condiciones establecidas por el Código de Minería de 1882, la Ley 14771 y leyes nacionales accesorias sancionadas en el marco de esta misma política. Considerando que el Plan Minero Nacional del gobierno de Cristina Kirchner impulsa en el marco de esta legislación y como continuación de la misma política, 403 proyectos encabezados en magnitud por Pascua Lama, Agua Rica, Rio Colorado y BAJO LA ALUMBRERA.Que este plan y esta legislación vulnera el imperio de la soberanía nacional sobre nuestro subsuelo y sus recursos, considerados estratégicos y no renovables, al legalizar la explotación de estos recursos por parte de capitales extranjeros renunciando por completo al más mínimo atisbo de control público, debido a que los flujos exportados por LA ALUMBRERA parten de un puerto propio exento del control aduanero.Que esta legislación prácticamente desgrava impositivamente la actividad, permitiendo la exportación sin control aduanero y generando ganancias extraordinarias para los inversores.Que esto ha permitido que las operadoras internacionales de LA ALUMBRERA hayan percibido en concepto de exportaciones un monto aproximado de más de 10000 millones de dólares, de acuerdo a cálculos realizados sobre sus propias declaraciones.Que la firma LA Alumbrera ES objeto de numerosos juicios y demandas por perjuicios producidos por evasión fiscal y contaminación ambiental, lo que se ha producido reclamos masivos de pobladores del valle de Andalgalá debido al daño al suelo y al medio ambiente.Que, de acuerdo a la información disponible, la firma LA ALUMBRERA ha incurrido en incumplimiento del contrato firmado con el YMAD, debido a que recién a partir de 2006 envía las partidas de las utilidades a la UNT y recién a partir del 2008 al CIN, cuando en el contrato aludido esto debía hacerse a partir del 2002.Teniendo en cuenta que en este momento hay una iniciativa en el Parlamento, del diputado Molas de la UCR, para modificar la Ley del YMAD para privar a la UNT y demás universidades públicas de sus derechos mineros legítimos.Consideramos:· Que es imperativo denunciar al PLAN MINERO NACIONAL y al marco legal que lo sustenta, derogar estas leyes y sancionar un nuevo marco legal que proteja la soberanía nacional y el medio ambiente.· Que las condiciones de este tipo de emprendimientos son un atentado contra la soberanía nacional y contra los derechos de la Universidad Pública y producen un impacto ambiental probado que incide en la salud de las personas y afecta el desarrollo de economías regionales, pero cuyos alcances no han sido evaluados fehacientemente por ningún organismo público competente e independiente· Que en el camino de recuperar la soberanía nacional sobre estos recursos la UNT debe defender sus derechos sobre la zona de explotación y como socia del emprendimiento minero y en función de sus propios intereses debe emprender acciones tendientes a procurar algún tipo de control público sobre el material exportado, establecer un programa adecuado de evaluación del impacto ambiental de BAJO LA ALUMBRERA y promover el resarcimiento económico y moral de los principales afectados por BAJO LA ALUMBRERA, incluída la UNT y el sistema universitario nacional.· Que la misma UNT debería iniciar acciones legales a LA ALUMBRERA en defensa de sus derechos por incumplimiento de contrato.· Que la estrategia del campo popular debería orientarse hacia la nacionalización de los yacimientos mineros de la Sierra del Aconquija y la explotación bajo control estatal, siguiendo el ejemplo inicial de YCF e YPF. Consideraciones acerca de Agua Rica. Con relación al emprendimiento de Agua Rica, cuya magnitud, medida por el capital inicial invertido, es 3 veces mayor a BAJO LA ALUMBRERA, consideramos que no están garantizadas las condiciones de salud y seguridad para toda la población de la zona circundante que incluye a todo el territorio de la provincia de Tucumán y al noreste de Catamarca debido a CUATRO factores 1) La zona donde se encuentra el emprendimiento esta protegida por al ley de los glaciares 2) El desconocimiento del impacto ambiental de corto y largo plazo de estos emprendimientos 3) Los juicios en curso por estafa y evasion impositiva contra la firma la alumbrera, cuya idoneidad desde el punto de vista legal y empresario esta fuertemente cuestionada.4) Que el mismo Analisis del Informe de Impacto Ambiental mina Agua Rica realizado por la Unidad de Negocio de la UNT ha sido declarado nulo ya que no se atiene a la normativa del Codigo de Minería. Por lo tanto, planteamos que este nuevo emprendimiento debe SUSPENDERSE POR SER INVIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS INTERESES SOBERANOS DE LA NACION ARGENTINA SOBRE SU AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES.

Carlos Figueroa, Secretario de Prensa de ADIUNT

Print Friendly

Esta nota tiene 6 comentarios. »

  1. Estimados comparto lo aportado por el Sr. Figueroa Sec. de prensa del gremio ADIUNT de Tucumán. Pero creo que tenemos que lograr un apoyo masivo, por ejemplo a políticos como “Pino Solanas”, quien tambien posee ideas similares de dar un nuevo marco legal a la Ley de minería y recursos naturales de la Energía. Para esto tenemos que tratar de cualquier forma y con un tremendo esfuerzo, de lograr la unión de todos los que pensamos igual e insistir en que deben unirse todos aquellos que tenemos estas ideas troncales de “PAIS”Si alguno de Uds. en Bs. As. o cerca de allí (Donde generalmente atiende Dios), conoce a Margarita Estorbise , a Lilita Carrio, a los muchachos de Socialistas de Santa fe y el Cordobes Juez; por favor hay que implorarles que se unan en un proyecto común de gente “NO CORRUPTA” para que podamos lograr estos cambios. de otra forma, creo que no tenemos alternativa. Bueno espero lleguen estas palabras como opinión propia de lo que pienso con respecto a estos recursos. Un abrazo

  2. Lindos ejemplos de gente “NO CORRUPTA” nos da, Ingeniero:(enlazo noticias recientes de estos representantes de pueblo)

    Carrió et al.;Pino; otros senadores del arco opositor…

    Sospecho que no sería un buen camino…
    Agradezco la valiosa información enviada por Carlos Figueroa.

    Gabriel Amos Bellos
    Lic. en Psicología

  3. San Miguel de Tucumán, 14 abril de 2001

    Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Artes

    Jornadas de debate y consenso- fecha propuesta: 25 al 29 de abril de 2011

    Aportes para un Pronunciamiento de la Facultad de Artes sobre la situación de la Universidad Nacional de Tucumán en la UTE minera La Alumbrera Limited (YMAD)

    Parte de situación: La Universidad Nacional de Tucumán se encuentra interpelada y cuestionada, desde el inicio, por su participación en el proyecto de explotación minero a gran escala La Alumbrera, por parte de algunos académicos, comuneros indígenas, referentes ambientalistas, vecinos autoconvocados. Registra oposiciones y actuaciones administrativas; a partir de 1999 Minera la Alumbrera afronta denuncias penales por contaminación, denuncias civiles por daños y perjuicios, amparos precautorios
    particulares; denuncias por delitos contra la administración pública, contrabando de minerales, además de denuncias varias. A partir de 2005 y especialmente a partir del Congreso de Minería y Ambiente realizado en setiembre de 2006, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, a instancias del Consejo de Pueblos de la Unión Diaguita Calchaquí, autoconvocados de Catamarca y la Federación Ambientalista de Tucumán, se sucede una deriva de acciones regionales que resultan de un Estado de Asamblea Autoconvocada Permanente; siendo sus prerrogativas informar a la comunidad
    académica y reclamar sobre la problemática regional y nacional que suscita el modelo de minería desarrollado por la UTE[1] en cuestión; lo cual da por resultado una Sesión Extraordinaria del Consejo Superior de la UNT, en diciembre de 2009, en la que se toma conocimiento de las múltiples problemáticas que viene generando la minera nacional-trasnacional. Esta Actuación se sintetiza como el
    Petitorio de Asamblea Socio Ambiental (ASANOA) a la UNT. Sesión en la que el Consejo Superior se compromete a generar una comisión para dar curso a acciones que, al día de la fecha, no se han concretado. En 2009, la UNT, también ya es objeto de pronunciamientos críticos por parte de organizaciones político partidarias, movimiento estudiantil y gremio docente universitario, bajo el reclamo de “NO a los fondos mineros por contaminantes”, con la exigencia de presupuesto genuino para el funcionamiento académico. Esta situación enmarca a la UNT, en el movimiento socio ambiental que viene incidiendo por el no a los fondos mineros en universidades nacionales, a partir de haber reconocido la implicación de éstas en el modelo de explotación a cielo abierto, a gran escala, con lixiviación química, a favor de intereses
    económicos corporativos mineros trasnacionales y nacionales, en sitios que generan agua dulce y alimentan la vida y las economías en extensas regiones. Todas las universidades nacionales se encuentran en alguna instancia del debate, registrando varias facultades y universidades el hecho institucional de rechazo explícito de los fondos de las utilidades del negocio minero, que por ley le son derivados[2]. En el
    caso de la UNT esta situación es extremadamente compleja debido a que es uno de los titulares de la UTE minera La Alumbrera. Recientemente el HCD de Filosofía y Letras, el movimiento estudiantil y gremial docente, inauguran un proceso de pronunciamiento institucional ante los fondos provenientes de minera La Alumbrera; pidiendo desvincularse de esta empresa; al mismo tiempo el HCD de la Facultad de Artes es requerido también a pronunciarse institucionalmente[3]. La decisión del Consejo Directivo fue avanzar en una jornada de debate y puesta en común de los términos del pronunciamiento con la mayor participación de la comunidad de Artes en todos sus estamentos. Dando curso a lo dispuesto en la sesión del HCD del día 7 de abril, un grupo de consejeros y docente comisionada[4] han previsto generar un espacio de transferencia de información y documentaciones pertinentes al caso; derivadas principalmente por correo electrónico a toda la comunidad académica a los fines de facilitar la autonomía de lecturas y visionado de documentales, en el intento de poner en común un conocimiento lo más compartido posible. Se observa que la responsabilidad de la UNT es extremadamente particular ya que es propietaria, en tanto YMAD, de territorios con alta mineralización, predominantemente diseminada, localizados en la provincia de Catamarca[5]. De
    alguna manera se ha visto involucrada en la implementación de las leyes y códigos mineros de la reforma de los años 90. Asume y despliega todas las estrategias de “responsabilidad social empresaria (RSE)” diseñadas e implementadas por la corporación minera, Banco Mundial mediante, con una fuerte propaganda mediática de la explotación y sus beneficios; mientras, incide en la opinión pública negando que esta explotación se encuentre afectando, por múltiples impactos, en la amplia región comprometida[6]. La UNT- YMAD ha realizados anuncios a la opinión pública de que está avanzando en el desarrollo minero a cielo abierto en el yacimiento de Bajo el Durazno, Bajo La Blenda, entre otros, a partir del 2005 que es cuando ofrece el territorio en ferias mineras de Canadá. Pero lo que más preocupa es el rol de
    la UNT en la promoción de este modelo de minería ante la carta de intensión firmada por minera La Alumbrera para estudiar la factibilidad de la explotación de minera Agua Rica, Andalgalá, Catamarca Estos anuncios mediáticos nos anotician de que la Universidad Nacional de Tucumán, en su responsables de gobierno y directivos en el directorio de YMAD, es dar continuidad y ampliar la explotación de minerales polimetálicos, tierras raras y uraníferos en el sistema del Aconquija; complicando incluso la implementación de la Ley de Protección de los Glaciares y Ambientes Periglaciares, a espalda de la resistencia social desplegada en Catamarca, con manifestaciones críticas en Tucumán y Santiago del Estero inclusive;
    desentendiéndose de todas las denuncias legales que viene afrontando. Situaciones de las que se encuentra debidamente informada. Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) es una empresa minera formada por el Estado Nacional, el Estado provincial de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (art. 1,4,6 de la Ley 14771 de 1958) En 1994 YMAD conforma la UTE [7] Minera La Alumbrera Limited gerenciada por Xstrata Cooper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold La UNT y el desarrollo minero como política de Estado en la participación en la Unión Transitoria de Empresas Minera La Alumbrera: A partir de los años noventa se instaura casi en secreto, el marco jurídico favorable al modelo de minería a gran escala y de
    corporaciones trasnacionales. Siendo estas Leyes y modificaciones del Código de minería, Ley 24.196; Ley 24.585 de protección ambiental en materia minera que omite el cierre de minas y no se encuadra en la Ley general del Ambiente; entre todos destacan el tratamiento impositivo y financiero diferencial con beneficios exclusivos para el sector- Regalías provinciales: 3% de valor “boca mina” del que se deduce el conjunto de costos operativos declarados exclusivamente por la empresa. En consonancia con las modificaciones de la Ley 14.771 por las cuales los capitales extranjeros empiezan a tener ingerencia en el patrimonio estatal. Actividades e impactos ambientales y sociales de minera la Alumbrera ActividadesImpacto ambientalImpacto socialCapatación de agua fresca en el campdel Arenal: 100 millones de agua pura por díaProcesos mineros en el predio de la mina: voladura- trituración,molienda- flotación- concentración- roca residual:drenaje ácido minero (DAM)- 650 millónes de toneladas de roca estéril cubrirá550 Ha.Explosivos: 105.600 Kilos de “ANFO”X¿? volumen de Insumos químicosEndicamientos aguas residuales encabecera de cuenca río Vis Vis cuencaSalar de PimpanacoTransporte de pulpa mineral: mineraloducto de 316 Km : atraviesa ecosistemasde montañas y trasvasamiento de cuencaPlanta de filtro: Tucumán – aguas residuales se vuelcan en el Canal DP2- Cuenca Salí DulceEnvío de barro mineral “concentrados”De Tucumán a Santa FéPuerto Alumbrera: actividad de exportaCión-Consumo de energía: electroductoAéreo de alta tensión del Bracho alYacimiento ( más de 500 torres): 220 KV de potencia y 202 km de extensión170% del total del consumo de la prov.De Catamarca y el 87 % de la provinciaDe Tucumán- procedencia de la energía: petróleo, gas, energía nuclear De corto, mediano y largo plazocon procesos irreversible por la escala y los costos. Afectación a la hidrología de la Región por impacto en las cuencas: Vis Vis- Amanao: en su cabecera se realiza la actividad minera y se encuentra el dique decolasSanta María: debido al consumode 50 millones de litros de aguapor día (declarados por la emp.)disminución del volumen de aguadel acuífero subterráneoSalí-Dulce: se vierten líquidos residuales de la planta de filtrosen Tucumán- Santiago del Esteroagua con conductividad eléctricapor encima de valores tolerablesadulterando la ley de residuospeligrosos por disposiciones delSIPROSADrenaje Acido de Mina: alteración quimica natural: presencia de Sulfuro de hierro + condicionede superficie= aire-lluvia: bruscocambio de pH …el dique de colas y las escombreras de alumbrera generan millones de toneladas de material “estéril”Graves problemas en las poblaciones involucradas de manera directa o indirecta: – afectando a las actividades económicas asentadas previamente, – alteración de las condiciones de vida por contaminación del ambiente- lo que impacta directamenteen la salud de las personas Causas judiciales y denunciaspor contaminación de agua yafectación a la salud y mortandad de haciendas y cultivos-violación de derechos humanos por la relación entre puestos de trabajo – regalías- utilidades-minera la Alumbrera desarrolla un modelo extractivista que impacta en exclusión social- judicialización de autoconvocados- desacreditación de lasvoces críticas- de connivenciacon las responsabilidades degobierno y de provisión de Justicia. Elaboración propia a partir de relevamiento de problemáticas- Proyecto de Investigación CIUNT 26/ C 307 y CIUNT 26/ C 404-

    Dir. Lic. Myrian Genisans

    [1]UTE: Unión Transitoria de Empresas[2]Ley 14.771[3]Notas Vocal de ADIUNT-Artes dirigidas al HCD FAUNT con fechas 17-03-11 y 07-04-11[4]Lic. Myrian Genisans- Docente Investigador FAUNT[5]Ley 14.771 de 1958- Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio. Modificada en varias oportunidades para facilitar el marco jurídico de la Ley de Promoción Minera[6] Ver tabla de actividades e impactos ambientales y sociales anexa.[7]Unión Transitoria de Empresas, amparada en el artìculo 5 de la Ley 14.771 modificado en la ultima dictadura militar

  4. Por una universidad financiada por el Estado.

    No a los fondos de la minería contaminante

    La expansión de la minería a cielo abierto

    La expansión de la minería a cielo abierto que tuvo lugar en nuestro país a partir de la década de 1990, se enmarca en las llamadas reformas económicas neoliberales. Éstas, que ya habían comenzado a implementarse, con distintos grados y matices desde los años 70, impulsaron la apertura económica, la liberalización y desregulación de los mercados, dando preeminencia al sector privado en la economía.

    Estas políticas económicas eran una respuesta a la prolongada crisis que comenzó a afectar al sistema capitalista desde comienzos de los ´70, la cual tendría entre sus características salientes una sobreproducción de bienes, una sobreacumulación de capitales y una tasa de crecimiento menor a la registrada en las décadas pasadas. En ese marco, era necesario encontrar nuevos mercados, nuevos bienes para comerciar, y nuevos negocios, en pos de intentar que los grandes capitales recuperasen las tasas de ganancias que habían logrado entre 1945 y comienzos de la década de 1970.

    En la Argentina, estas transformaciones estructurales se consolidaron en la década de 1990, años en los que la “liberalización del comercio y del sistema financiero, el fomento de la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, y la desregulación y reforma del Estado” (Rapoport, 1998, citado por Rapoport, 2000: 869-870), fueron ejes de la política económica. En ese sentido, cabe destacar que “la
    política de privatizaciones estuvo orientada no sólo hacia los servicios públicos sino también hacia los hidrocarburos y, de manera más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales” (Svampa et. al., 2009: 16).

    En el país, a comienzos de los ´90 se llevó a cabo una “reforma del marco regulatorio, para conceder amplios beneficios a las grandes empresas transnacionales” (Svampa et. al., 2009: 15). Así, “La reforma constitucional de 1994 […] consagró la provincialización de los recursos naturales (gas, petróleo, minería), que dejó de depender del Estado central; por otro lado, marcó la renuncia del Estado (nacional y provincial) a la explotación de aquéllos, lo que dio paso a una obligada privatización. En el campo de la minería, se estableció un conjunto de medidas[1]que consistieron en el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional, algunas de las cuales son las siguientes: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al
    descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años, en cuanto al pago de regalías, se establece un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa ( y del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones y la no obligación de liquidar divisas en el país” (Svampa et. al., 2009a: 33-34).

    Incluso el Código Minero, “que desde su elaboración en la década de 1880 no había sufrido mayores modificaciones, vio alteradas incluso ciertas restricciones que regían desde la época de la colonia. Se eliminaron así las limitaciones en cuanto al tamaño de las concesiones de exploración y explotación, al tiempo que se ampliaron los plazos de arrendamiento y usufructo de minas. El Código vigente define las minas como bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren. También declara expresamente que el Estado no puede explotar ni disponer de ellas y por eso les
    concede a los “particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños” (Código de Minería, art. 8)” (Svampa et. al., 2009a: 34).

    Así, en el marco de una legislación que se había modificado en función de beneficiar a las grandes compañías transnacionales, la actividad minera comenzó a crecer en el país. “En el período 1992-1999 la cantidad de empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a 80” (Svampa et. al., 2009a: 35). A su vez, entre 2003 y 2007 las inversiones mineras en el país pasaron de 660 millones de dólares a 5.600 millones de dólares, la producción minera creció un 253%, y los proyectos mineros se incrementaron un 740% llegando al número de
    33 en 2007 en diferentes grados de avance” (Svampa, et. al., 2009: 19).

    “El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) no sólo confirmó la continuidad del modelo minero sino que lo declaró un “objetivo estratégico”. El gobierno de Kirchner avanzó incluso en la exención total de IVA para la minería y otros puntos estratégicos para el desarrollo del sector minero” (Schiaffini, 2004, citado por Svampa, 2009a: 35).

    ¿Qué es la minería a cielo abierto?

    A diferencia de la minería subterránea tradicional, en la minería a cielo abierto, “para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicárseles cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca (proceso de lixiviación). Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente” (Rodríguez Pardo, 2008a, citado por Svampa et. al., 2009a:
    30).

    Este modo de producción minera “no requiere únicamente la utilización de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente y deja cuantiosos pasivos ambientales sino también un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía. En efecto, a causa de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral (la concentración de oro, plata, cobre, etc., presente en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento), mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere” (Svampa et. al., 2009a: 30).

    El caso de Bajo La Alumbrera

    Bajo La Alumbrera fue parte de las más de 80 compañías transnacionales que, aprovechando los enormes beneficios concedidos por el Estado, se incorporaron en la década de 1990 a la producción minera (Guadagni, 2000: 230). Explota un yacimiento ubicado en el departamento de Belén, a unos 400 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de la provincia de Catamarca…” (Machado Aráoz, 2009: 207). Este yacimiento es propiedad del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del
    Dionisio), que es una “empresa interestatal de derecho privado integrada por la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca, y cuyo presidente es designado por el Estado” (Mastrángelo, 2004: 16).

    Bajo La Alumbrera obtuvo por parte de YMAD la adjudicación de los estudios de factibilidad y futura explotación en 1992, y se instaló en territorio catamarqueño entre 1995 y 1997, y a partir de este último año comenzó la explotación de la mina. Asimismo, “YMAD conformó con Minera Alumbrera” una Unión Transitoria de Empresas “por la cual” recibe “el 20% de las ganancias de la explotación una vez que la empresa cubra sus costos de instalación” (Mastrangelo, 2004: 16). En la actualidad, Minera Bajo La Alumbrera es propiedad de una empresa minera de origen suizo (Xstrata Plc) que posee el 50% de las acciones, y dos
    empresas canadienses (Goldcorp que posee el 37,5% de las acciones, y Northern Orion resources Ins, que tiene el 12,5% de las acciones).

    Bajo La Alumbrera es “una explotación a cielo abierto dedicada a la extracción de un concentrado polimetálico, cuyos principales motivos extractivos declarados son cobre, oro y molibdeno” (Machado Aráoz, 2009: 208). Es el emprendimiento minero más importante del país y uno de los más grandes de América Latina.

    Los minerales se extraen de un enorme agujero de 800 metros de profundidad y 5 Km. de diámetro, del cuál se extrae en promedio 180 toneladas de cobre al año, y 650.000 onzas de oro anual promedio. “El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, […] llamado “dique de colas”. El producto
    bruto es enviado por un monumental mineraloducto […] de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro ácido y mineral. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el “Tren Alumbrera” […] transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fé. De ahí viaja al exterior, donde será refinado. Como puede verse, en este recorrido todos los nodos de intercambio pertenecen a la propia empresa (no hay articulaciones con otras actividades o efectos multiplicadores)” (Manzanal, 2000: 439).

    El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros y líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán (Página 12, 18/12/2005).

    Se estima que en 20 años de vida útil, Minera Bajo La Alumbrera habrá obtenido una ganancia de 35.000 millones de dólares. La mina obtiene por exportaciones 1.600 millones de dólares anuales. Y además de que las regalías han sido fijadas por ley en un porcentaje insignificante (3%), la empresa paga menos que dicho valor en realidad puesto que deduce del mismo las costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación (Página 12, 18/12/2005).

    La mayor desigualdad en la distribución de los recursos

    Al saqueo mencionado anteriormente, cabe agregar la mayor desigualdad que la explotación de la mina generó en la distribución que existía en cuanto a recursos imprescindibles como el agua o la energía eléctrica.

    Minera Bajo La Alumbrera obtuvo un permiso del Gobierno catamarqueño de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (aproximadamente 100 millones de litros por día) de una reserva natural de agua ubicada en Campo del Arenal. Es decir que mientras miles de personas no cuentan con este recurso vital, y son miles los pequeños agricultores cuyos cultivos han sido arruinados por falta de riego, se garantiza a esta multinacional toda el agua que necesite sin que tenga que abonar un peso por ello. Cabe destacar que esto sucede en una provincia en la que su actividad agrícola tuvo tradicionalmente problemas de escasez de
    agua.

    A su vez, en 2003 la empresa consumió 764,44 GW de electricidad, cuando el total consumido por la provincia de Catamarca había sido de 450,16 GW (Machado Aráoz, 2009: 209 y 210). Es decir que el consumo de energía de la mina es equivalente al 170% del que consume Catamarca, y a 87% del consumo de Tucumán.

    Bajo La Alumbrera tampoco generó una importante demanda de fuerza de trabajo. “una vez concluida la etapa de construcción (en la que se llegaron a ocupar alrededor de cuatro mil trabajadores en diferentes períodos) Minera Alumbrera operó con una planta de ochocientos puestos de trabajo directos y otros mil vinculados indirectamente a través de contratistas y/o tercerizaciones” (CAEM, Aportes económicos y sociales de la minería”, citado por Machado Aráoz, 2009: 212). Cabe destacar que hacia octubre de 1996 se habían presentado 20.000 solicitudes de empleo en la mina (Panorama Minero 10/1996: 53-56 y Alvarez, 1996, citado por Mastrangelo, 2004: 17), que era el número de puestos de
    trabajo que el gobierno de Catamarca por aquellos años prometía que la mina crearía.

    A su vez, Minera Bajo La Alumbrera no provocó un desarrollo importante de los sectores manufacturero, comercial o de servicios. Entre 1998 y 2002, los primeros años del emprendimiento, estas actividades tuvieron una caída.

    La contaminación generada por Bajo La Alumbrera

    Minera Bajo La Alumbrera contamina el agua, la tierra y el cielo.

    Las cientos de toneladas de roca por día que Bajo La Alumbrera remueve por día, ocasiona lluvia ácida cuyos efectos contaminantes perduran en el tiempo. La empresa “utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda la Argentina. […] la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas (Página 12, 18/12/2005).

    A ello se suman decenas de denuncias de contaminación impulsadas desde diversos sectores. “Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva, […] que confirmó que el dique de colas tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona” (Pagina 12, 18/12/2005).

    También hay diversas denuncias efectuadas por filtraciones y derrames tóxicos del mineraloducto, realizadas por pobladores contra la empresa (hechos sucedidos en Villa Vil en Catamarca, en Santa Ana, etc.)

    A esto hay que agregar que los efluentes de la planta de secado del yacimiento Bajo La Alumbrera son volcados en el canal DP2 que desemboca en el dique El Frontal en las Termas de Río Hondo, lo cuál genera contaminación de las aguas. En ese sentido, tiempo atrás “La Cámara Federal de Apelaciones dispuso el procesamiento […] del vicepresidente y gerente comercial y de Asuntos Corporativos de (Bajo La Alumbrera), “Julián Rooney. Este fue considerado supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud. […] (En la sentencia
    se afirma que) se encontraría demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales –sin previo tratamiento de descontaminación- en el curso del canal DP2. […] Se encuentra demostrado, asimismo, que aquel es utilizado como canal de desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y, eventualmente, bebida de personas” (La Gaceta, 30/5/2008: 9).

    Por supuesto que según los informes de YMAD, la actividad de Bajo La Alumbrera no produce daño ambiental alguno. Sin embargo, estos informes están totalmente cuestionados, puesto que se basan en normativas provinciales que fueron modificadas por el SIPROSA durante la última gobernación del genocida Antonio Bussi, en función de adecuarlas a los intereses de la Minera. Así, “se tocaron los parámetros fisicoquímicos de la Resolución Nº 129-CPS-85, (que) establecía […] que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro
    de agua. Pero el gobernador Bussi logró que el límite pasase a ser de 0,5 miligramos por litro, y así nace la Resolución 1219-CPS-9 beneficiando la actividad de Minera Alumbrera elevando el nivel de arsénico en sus efluentes, como los que se derraman en el Canal Dp2, tributario del Río Salí” (El Periódico, 19/9/2009: 10-11).

    “No conforme con esta “adecuación” de las normas a favor de la compañía, y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica de los efluentes seguían apareciendo muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, el Siprosa procedió a “adecuar” también sus valores de la conductividad –mediante expediente Nº 638-620 del 21 de julio de 1997. Eso sí, en dicho expediente el Siprosa aclaró que dicha adecuación era “a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrea” (El Periódico, 19/9/2009: 11).

    Es evidente que La producción de Minera Bajo La Alumbrera es incompatible con la vida de las poblaciones del norte de la Argentina, debido a la destrucción del medio ambiente y de las condiciones de vida de los pueblos de la zona que ha generado.

    Por qué los fondos de Bajo La Alumbrera deben ser rechazados

    La educación pública debe ser financiada por el presupuesto del Estado. En ese sentido, a partir de la Ley de Educación Superior, normativa que permitió un profundo avance del proceso de privatización de la universidad, los vínculos entre las universidades estatales y las empresas privadas se acrecentaron. Diversas empresas destinaron crecientes sumas de dinero a las universidades a cambio de participar o tener poder de decisión en los lineamientos de las investigaciones y la producción de conocimiento que se realizan. De esta forma, se somete la ciencia, la investigación y el conocimiento transmitido y creado en las universidades, a los intereses de
    las grandes empresas del sector privado. Por supuesto que para que esta política pudiera avanzar, fue necesario consolidar la asfixia presupuestaria a la que todos los gobiernos condenaron a la universidad estatal.

    Los fondos de bajo La Alumbrera que recibe la UNT forman parte del proceso mencionado, como se demuestra a continuación.

    El YMAD recibe el 20% de las utilidades de Minera Bajo La Alumbrera. De esos fondos, el 60% queda en manos del Gobierno de Catamarca, y el 40% restante se distribuye el 20% para la Universidad Nacional de Tucumán, y el 20% restante para el resto de las universidades del país. De esa manera, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recibió más de 100 millones de pesos entre 2008 y 2010. Lo recibido por la Universidad Nacional de Tucumán son cientos de millones de pesos, una cifra muy
    superior.

    Desde algunas voces se plantea que es correcto aceptar esos fondos puesto que si la UNT es propietaria del yacimiento como integrante del YMAD, ese dinero le corresponde. Pero el dinero proviene de Bajo La Alumbrera (empresa privada) que es la que explota el yacimiento, NO de una empresa estatal (como YMAD). Son multinacionales las que explotan el yacimiento, generan los recursos, los que casi en su totalidad salen del país como ganancias de estas empresas, dejando solamente el 3% de regalías y el 20% de las utilidades al YMAD.

    A esto se suma que son fondos que, por la forma contaminante en que Minera Bajo La Alumbrera realiza su producción, provienen de una actividad que está dañando el medio ambiente y empeorando las condiciones de vida de numerosas poblaciones del NOA.

    La educación pública no debe financiarse con fondos que provienen de empresas privadas, y menos con recursos que provienen de una producción que está saqueando nuestros recursos naturales y produciendo un daño ambiental de enormes magnitudes. La universidad estatal deber ser financiada por el presupuesto universitario, que debería ser triplicado. En ese sentido, son miles los estudiantes, docentes y no docentes que hace tiempo ya se vienen organizando a nivel nacional en la lucha por el rechazo de estos fondos mineros cuestionados, movimiento que ha sumado ya el rechazo a los recursos de Bajo La Alumbrera de numerosas facultades y algunas universidades,
    como es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

    Por una universidad financiada por el Estado. No a los fondos de la minería contaminante

    Las universidades (como la UNT) deben rechazar los fondos provenientes de la minería contaminante de Bajo La Alumbrera. Asimismo, considero que no sólo se debe proceder a la nulidad del vínculo entre la UNT y Minera Bajo La Alumbrera, sino que por ser la UNT titular del dominio donde se realiza la explotación (como integrante del YMAD), considero necesario que se suspenda la explotación, que con el dinero de la multinacional
    se garantice los salarios de los trabajadores mineros (quienes también son víctimas de la contaminación de la empresa), y que una comisión investigadora independiente establezca los perjuicios contaminantes, y el destino de los dineros ingresados en conceptos por regalías a la UNT, entre los cuales decenas de millones son de libre disponibilidad. De la misma manera, se debe suspender todo proceso orientado a la explotación de Agua Rica, que multiplicaría por tres todo el daño ambiental en el NOA.

    Ariel Osatinsky

    (Lic. en Economía, Docente de Filosofía y Letras)

    Bibliografía y fuentes:

    – El Periódico (18/07/2009), “El oro maldito de las universidades”, p. 8 y 9.

    - El Periódico (19/09/2009), “Derrame de desconfianza”, p. 10 y 11.

    – Guadagni, Alieto A. (2000), Contradicciones de la modernización: crecimiento económico y exclusión social?: los años 90 en Argentina, Ediciones del CEB, Buenos Aires.

    – La Gaceta (30/05/2008), “Procesaron al vicepresidente de Minera Alumbrera”, p. 9.

    – Machado Aráoz, Horacio (2009), “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”, en Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli (editoras), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Editorial Biblos Sociedad, Buenos Aires, pp. 205-228.

    – Manzanal, Mabel (2000), “Neoliberalismo y territorio de la Argentina de fin de siglo”, en Economía, Sociedad y Territorio, Nº 7, El Colegio de Mexiquense A. C., Toluca, pp. 433-458.

    – Mastrangelo, Andrea (2004), Las niñas Gutiérrez y la mina Alumbrera. La articulación con la economía mundial de una localidad del Noroeste argentino, Editorial Antropofagia, Buenos Aires.

    - Página 12 (18/12/2005), La guerra del oro catamarqueño, en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-60635-2005-12-18.html

    – Svampa, Maristella y Mirta A. Antonelli (2009), “Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto”, en Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli (editoras), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Editorial Biblos Sociedad, Buenos Aires, pp. 15-27.

    – Svampa, Maristella, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez (2009a), “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”, en Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli (editoras), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Editorial Biblos Sociedad, Buenos Aires, pp. 29-50.

    – Rapoport, Mario (2000), Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Macchi, Buenos Aires.

    [1]Ley 24.196 de Inversiones Mineras de abril de 1993; Ley 24.224 de Reordenamiento Minero de julio de 1993; Ley 24.402 de Régimen de Financiamiento y devolución anticipada del IVA de noviembre de 1994; Ley 24.498 de Actualización del Código de Minería de julio de 1995 (Svampa et. al., 2009a: 36).

  5. http://www.catamarcatoda.com.ar/notas_actual.php?id_nota=28135

    ¿DECLARAN TODO LO QUE EXPORTAN?
    Investigan si Alumbrera cometió fraude en una “zona liberada” aduanera

    El fiscal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, junto a la Seccional Tucumán de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional investigó si la compañía Minera la Alumbrera cometió el delito de fraude aduanero, en el marco de la mega-causa que se le sigue a la minera por contaminación, entre otros temas. Es un tema clave para saber si Alumbrera y las grandes empresas mineras pagan las retenciones que corresponden.

    Catamarcactual tuvo acceso al expediente instruido por el fiscal Federal de Tucumán, Antonio Gómez, donde comenzó a investigar si realmente Minera la Alumbrera dice la verdad o no cuando declara la cantidad de mineral que exporta a través de la Aduana de San Lorenzo, conocido como “Puerto Alumbrera“, en la provincia de Santa Fe.

    La investigación de Gómez concluye algo que se suponía entre líneas. En la zona portuaria, la empresa no está sometida a ningún tipo de controles por parte de autoridades estatales, entre ellas la propia Aduana.

    Para llegar a esa conclusión, el magistrado tuvo indudables dificultades. Por ejemplo, menciona que “hemos enfrentado el grave inconveniente de que la empresa se ampara en una forma societaria de difícil acceso y de escasa transparencia”.

    El primer paso fue indagar información en la Administración General de Aduanas para sabes qué tipo de mercadería exporta la empresa minera, qué volumen exporta y, fundamentalmente, qué recorrido cumple el mineral a exportar desde que es extraída de la mina hasta que llega al puerto de San Lorenzo“.

    El primer informe oficial al que tuvo acceso el fiscal Gómez confirmó que Alumbrera exporta cobre, pero que el organismo de control “desconocía el recorrido de la mercadería previo a la exportación”. En una de las partidas de exportación, la Alumbrera reconoció -con una declaración jurada propia y no controlada- que exportó 1.546.857.487 de kilos (peso neto).

    Posteriormente, los oficios del fiscal se dirigieron a la Aduana San Lorenzo. Allí preguntó, entre otros temas, el resultado de los análisis de barros exportados, documentación de una operación completa, criterios arancelarios, destino de las exportaciones y qué tipo de reintegros recibe la empresa por esta operación destinada al exterior. Pero un detalle importante, es que el fiscal Gómez quiere saber quienes son los despachantes de la Aduana San Lorenzo y qué controles se hacían sobre el material comercializado.

    La respuesta fue un informe de 200 páginas, el cual confirmó que Minera la Alumbrera embarca minerales en el puerto, previa entrega de un documento (declaración jurada) con “valores provisorios”. Los “valores definitivos” deben ser constatados por un Consulado argentino ubicado en el país donde se encuentre el puerto de llegada del material. Por ejemplo, si Alumbrera exporta a España, el consulado argentino en España deberá verificar la primera declaración en el punto de destino, dentro de un plazo de 180 días, pero no se habla de la presencia de la autoridad aduanera.

    Sin embargo, para facilitar la fluidez del comercio exterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictó una resolución, la 281/98 del 2 de diciembre de 1998, justo cuando comenzó la Alumbrera a exportar. Con esta medida, Alumbrera paga impuestos nacionales con el informe de “valores provisorios” elaborado por la propia empresa, siendo que los “valores definitivos” no tendrían ningún tipo de control oficial de una autoridad de Aduana. Y, como si fuese poco, la empresa tiene la posibilidad de pedir o no la verificación en sus bodegas de la calidad del material que está a punto de exportar.

    El fiscal Gómez concluye de todos los análisis recibidos “se obtiene que la exportación es un concentrado de mineral de cobre, cuyos componentes mayoritarios son la calcopirita y la pirita, y sus componentes minoritarios son el cuarzo y la muscovita, su componente accesorio es molibdenita”. “No puedo menos que expresar la preocupación de que el análisis exportado por la Aduana San Lorenzo sea hecho en el extranjero y sin el control técnico específico de la autoridad aduanera”, dice Gómez en sus conclusiones, quien a continuación recuerda: “La aduana es el único organismo habilitado para determinar la situación de las mercaderías al entrar o salir del territorio aduanero; toda mercancía que se importe o que se exporte debe ser sometida al debido control aduanero”.

    Sin llegar a afirmar que Minera la Alumbrera ha cometido contrabando, Gómez sostiene que es necesario mejorar los controles “en defensa de la tarea estatal aduanera”.
    De esta investigación preliminar del fiscal tucumano, que podría derivar más adelante en alguna imputación, también surge el dudoso discurso anti-retenciones de las empresas mineras luego que el gobierno nacional aplicara esta medida sobre sus volúmenes de exportación. Si no está claro cuánto es lo que realmente exportan, tampoco hay certezas si realmente pagan las retenciones que deberían afrontar y por lo tanto se estaría perjudicando al fisco argentino.

    Sin controles estatales o independientes, todo es relativo. Lo que diga la empresa y lo que diga el gobierno que debería controlar más las exportaciones mineras.

  6. Es imperioso obligar diputados y senadores derogar la ley de minas del gobierno menemista y hacer un muestreo con profesionales idóneos para saber realmente que minerales sacan. Por gente amiga que vive en Andalgalá se que todas las noche despega un avión desde la mina con oro.Es imperioso parar el saqueo; a Gioja debemos preguntarle cuanto dinero recibió para entregar a los campesinos.Viva la Pachamama!Saludos, quedo a vuestra disposición.

Déjenos su opinión. Nos interesa saber que piensa al respecto